
A mi me encanta el cine. Veo de todo, desde películas independientes hasta documentales hasta las peores películas de Will Ferrell.
Estoy muy a favor de que la industria de cine en Puerto Rico aumente. En parte porque tengo muchos amigos en la industria pero también porque entiendo que Puerto Rico tiene que diversificar su economía y fomentar actividad en muchas áreas, siendo el cine una con potencial.
Habiendo establecido eso, debo, sin embargo, comentar sobre la reciente filmación en Puerto Rico de una película de acción de Hollywood y lo que a mi me parece son los tres principales problemas que presenta.
El primer problema es la manera en la cual se lleva a cabo. Como yo trabajo en el corazón de Hato Rey, a mi me tocó de cerca en varias ocasiones, principalmente a través de tapones bestiales. En algunas ocasiones, mi oficina recibió un aviso del edificio donde trabajo alertándonos sobre el cierre de algunas calles. En otros casos, los cierres nos tomaron por sorpresa a todos.
Un sábado en particular, me adelanté a la situación y tome el tren. Cual fue mi sorpresa, sin embargo, cuando llegué a la estación de mi oficina y no dejaban cruzar la calle por la filmación. Como saben los que me conocen, tengo problemas con la autoridad, por lo cual cruce como quiera y sin encomendarme a nadie. Mejor pedir perdón que permiso.
Pero de los tapones no se salvaba nadie, y me preguntaba cuanta productividad perdía el país por culpa de los mismos. ¿Cuantos maestros, doctores, emprendedores, empresarios, trabajadores, enfermeras y otros se vieron imposibilitados de rendir sus servicios? ¿Cuanto trabajo se dejó sin hacer? ¿Cuanta gasolina se quemó innecesariamente? ¿Para cuantos inquilinos de Hato Rey la experiencia sirvió para hacerle más atractivas las ofertas de arrendamiento en edificios fuera del área?
El segundo problema es la manera en la cual el gobierno nos vende el proyecto. Según lo que salió en la prensa, el gobierno destacó que la filmación de esta película representó una inversión en Puerto Rico de veintiocho millones de dólares y la creación de diecisiete mil empleos. Lo de los empleos tiene que haber sido un error porque ni siquiera la famosa ley de incentivos del 2008 creo los quince mil empleos que prometió, ¿cómo entonces una sola película puede haber creado diecisiete mil?
En cuanto a la inversión uno tiene que hacerse dos preguntas: primero, ¿cuál fue la cantidad de incentivos que recibió el proyecto? Porque si recibieron veinticinco millones en incentivos o créditos contributivos, entonces se neutraliza la inversión. Y segundo, ¿cuánto le costo al erario el proyecto a través de costos como el tiempo y equipo de la policía, personal y equipo del departamento de transportación y obras públicas, y quizás más importante, la productividad perdida? Estos proyectos sólo valen la pena si logran inyectar más al la economía de lo que sacan. Y no estoy seguro que ese cálculo alguien lo haga.
El tercer problema es la percepción que la gente se lleva de Puerto Rico. Me imagino las conversaciones en las oficinas de los grandes productores de Hollywood, “Hagamos la filmación en Puerto Rico. Allí podemos hacer lo que nos de la gana. ¡Cerramos las calles, cerramos negocios, y nadie hace nada excepto darnos las gracias!”
Los desaciertos ocurridos con la reciente filmación en Puerto Rico me parecen emblemáticos de nuestra situación en general. ¿Es bueno el cine? Sí. ¿Se debe fomentar? Sí. Necesitamos fomentar más inversión en nuestra isla? Sí. Pero las cosas hay que hacerlas como Dios manda. El problema aquí no es el cine, sino la falta de sensatez y de instituciones robustas como la ley y el orden.
Miguel A. Soto Class
Publicado en El Nuevo Día el 25 de agosto de 2010
En días recientes se ha comentado mucho sobre el mercado de vivienda en Puerto Rico. Específicamente, se habla de una reducción significativa en el valor de las residencias. Estimados hechos por firmas de consultoría privada calculan esa reducción en un 25 por ciento, lo que representa una pérdida agregada de alrededor de $27,000 millones. Obviamente, estas cifras son estimadas y no deben tomarse como exactas al centavo. Pero, aun si asumimos que debido a problemas de medición la cantidad de pérdidas esta sobreestimada por un 33 por ciento, la pérdida todavía sería de unos $18,000 millones—una cantidad enorme de riqueza que se ha desvanecido.
Esta reducción se debe en parte a factores coyunturales. Puerto Rico lleva más de cuatro de años en recesión y durante ese periodo el desempleo se ha disparado y el ingreso del país se ha reducido por un 10 por ciento. En este ambiente económico es normal que la demanda por vivienda baje y que los bancos estén menos dispuestos a financiar la compraventa de vivienda. Ambos factores generan presión hacia la baja en el mercado de vivienda.
Sin embargo, creemos que la magnitud de las pérdidas reportadas no se puede explicar solamente por factores cíclicos producto de la recesión. Si analizamos los datos disponibles un poco más a fondo encontramos que existe un serio problema estructural en el mercado de vivienda en Puerto Rico.
La tasa de formación de hogares (households) es uno de los motores principales de la demanda por vivienda. De acuerdo con la definición de la Oficina del Censo un hogar lo componen una o mas personas que ocupan una unidad de vivienda. Los ocupantes pueden ser una familia, una persona viviendo sola, dos o más familias viviendo juntas, o cualquier otro grupo de personas que comparten una unidad de vivienda. Esta definición excluye a estudiantes viviendo en dormitorios universitarios, personas encarceladas, soldados que viven en barracas y otros grupos similares.
En Puerto Rico no se publica un índice de formación de hogares, pero la información recopilada anualmente por el Puerto Rico Community Survey, que se lleva a cabo bajo los auspicios de la Oficina del Censo, muestra una clara reducción en el numero de hogares en Puerto Rico. Entre el 2006 y el 2008 la cantidad total de hogares en Puerto Rico se redujo de 1,240,456 a 1,186,497, una reducción de 53,959 hogares, lo que es equivalente a un 4.35 por ciento. Esta merma en la cantidad de hogares apunta a una reducción en la demanda por vivienda.
Durante ese mismo periodo, sin embargo, la Junta de Planificación reporta que se construyeron unas 37,753 unidades nuevas de vivienda. En el 2006 se añadieron unas 15,529 unidades, en el 2007 otras 12,848, y en el 2008 unas 9,376 unidades mas. No todas esas unidades nuevas eran primeras residencias, también se construyeron apartamentos de playa y segundas residencias, pero el desfase entre la formación de hogares y la oferta de viviendas es evidente.
Este desfase es evidencia de la existencia de una burbuja en el sector de bienes raíces entre el 2004 y el 2008. No había una demanda real para todas esas viviendas pero los precios seguían subiendo fuera de toda proporción con los niveles de ingreso del país. Simplemente era “imposible” que los precios bajaran. Esta es una de las señales clásicas de una burbuja: los precios subían simplemente porque todo el mundo esperaba que subieran.
La burbuja fue facilitada por una oleada de préstamos de construcción y desarrollo de tierras. De acuerdo con las estadísticas recopiladas por la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras, estos préstamos aumentaron de unos $4,178 millones en el 2005 a unos $6,217 millones en el 2008, un aumento de $2,039 millones, o un 48.81 por ciento en tres años.
La fiesta terminó abruptamente en el 2008 por razón de la crisis financiera mundial, pero ya el daño estaba hecho. Se construyeron miles de viviendas, muchas de ellas ostentosas mansiones, que nunca se debieron haber construido. Ese desperdicio, producto de la asignación irracional de recursos, constituye la verdadera pérdida de esta crisis. En demasiados lugares de la isla se derrumbaron árboles, se sembró cemento, y se colocaron bloques y varillas para construir casas y apartamentos que nadie ha comprado.
Esas pérdidas en la economía real tuvieron una repercusión financiera en la base de capital de los bancos que hicieron todos esos préstamos para construir casas donde nadie vive. De hecho, el efecto financiero de la burbuja de construcción fue uno de los factores, aunque no el único, que llevó al Comisionado de Instituciones Financieras y a la FDIC a cerrar tres bancos locales. La FDIC estima las pérdidas totales con respecto a estos tres bancos en más de $6,000 millones.
Lo importante ahora es acabar de reconocer las pérdidas en el sector de vivienda lo más rápido posible para evitar un escenario como el de Japón en la década de los noventa. En esa época muchos bancos japoneses se negaron a reconocer pérdidas producto de una burbuja inmobiliaria. Esos bancos dejaron de prestar ya que no tenían la base de capital necesaria para hacerlo, y tampoco podían levantar capital nuevo porque se sabía que sus estados financieros públicos no reflejaban su verdadera situación financiera, y nadie estaba dispuesto a invertir en ellos bajo esas condiciones. La existencia continua de esos bancos moribundos retrasó grandemente la recuperación económica en Japón.
Aquí en Puerto Rico, los desarrolladores tratarán de transferir sus pérdidas a los bancos y los bancos tratarán de que éstas recaigan sobre los desarrolladores. Ambos grupos intentaran tirarle el muerto al gobierno. La situación financiera del gobierno, sin embargo, le impide intervenir contundentemente en este mercado. La única opción viable es dejar que el mercado de vivienda continúe su ajuste. Los precios seguirán bajando. Aquellos desarrolladores que puedan absorber la reducción en el rendimiento de su inversión sobrevivirán. Mientras mas rápido pasemos por este doloroso proceso mejor será para todos. La economía se empezará a mover solamente cuando se reconozcan y se distribuyan las pérdidas financieras que aun faltan por asignarse.
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El autor es Director de Política Pública del Centro para la Nueva Economía
Recientemente el gobierno de Puerto Rico reportó que el Índice de Actividad Económica (IAE) del Banco Gubernamental de Fomento ha crecido por cinco meses consecutivos, lo que es, según la propaganda gubernamental, “una clara señal de recuperación.”
El IAE es una medida de la actividad económica en Puerto Rico con cuatro componentes: (1) el empleo no-agrícola, según medido por la encuesta de establecimientos; (2) las ventas de cemento; (3) el consumo de gasolina; y (4) el consumo de energía eléctrica. Según el BGF, el valor de este índice esta altamente correlacionado con el nivel real (a precios constantes) del producto nacional bruto (PNB) de Puerto Rico.
Sin embargo, entendemos que el desempeño del IAE no sirve de evidencia para apoyar las conclusiones derivadas por oficiales del gobierno de Puerto Rico con respecto a nuestra economía.
Primero, no es cierto que el IAE haya crecido por cinco meses consecutivos. Si vamos a la página Web oficial del BGF encontramos que el valor del IAE en enero de 2010 era de 129.5 puntos. En febrero se registra una baja a 128.8 puntos. En marzo sube a 129.0 puntos y sigue subiendo hasta mayo cuando llega al nivel de 130.5 puntos. Para el mes de junio se registra una baja a 130.0 puntos. Por lo tanto, de enero a junio de 2010 el nivel del IAE subió durante tres meses y bajo durante dos. Un desempeño claramente mixto.
Segundo, el cambio agregado en el nivel del IAE durante este periodo fue 129.5 en enero a 130.0 en junio, unos 0.5 puntos, equivalente a un 0.38%. Este cambio ciertamente es positivo pero a duras penas puede caracterizarse como una “una clara señal de recuperación.” De hecho ese exiguo aumento podría estar dentro del marco de error del índice y podría deberse a fluctuaciones estadísticas de carácter aleatorio y no necesariamente a cambios reales en la actividad económica.
Tercero, la tendencia anual en el valor del IAE sigue siendo negativa. Es cierto que esta tendencia ha mejorado durante los últimos seis meses. En enero de 2010 la actividad económica medida a través de este índice era 7% menor con respecto a enero de 2009. Para el mes de junio de 2010 la actividad económica era 3% menor con respecto al mismo mes el año anterior. O sea, que en los últimos seis meses el ritmo de contracción se ha desacelerado, según el IAE, pero claramente todavía estamos en un periodo de contracción económica.
Cuarto, el valor promedio del IAE durante el año fiscal 2008/09 fue de 139.0 puntos y para el año fiscal 2009/2010 fue de 131.40 puntos, una reducción de 7.6 puntos, lo que es equivalente a una reducción en la actividad económica de 5.46% durante el año fiscal que acaba de terminar. Interesantemente, esa reducción de 5.46% en la actividad económica se encuentra mas cerca de la proyección del Economist Intelligence Unit (EIU) del cambio real en el PNB de Puerto Rico para el 2009/2010, que es de negativo 5.8%, que de la proyección oficial de la Junta de Planificación, que es de negativo 3.6%.
Si aceptamos que el IAE es una medida certera de la actividad económica en Puerto Rico y si es verdad que dicho índice está altamente correlacionado con el nivel real del PNB, entonces el comportamiento del IAE apoya las conclusiones del análisis del EIU y genera serias dudas sobre la proyección oficial de la Junta de Planificación.
De ser cierto que la actividad económica en Puerto Rico se contrajo por más de 5% durante el año fiscal 2009/2010, en comparación con una reducción de 3.7% el año fiscal anterior, también es cierto que la recesión se profundizó significativamente durante el primer año fiscal completo de esta administración.
Esa conclusión es totalmente consistente con la política fiscal contraccionaria implementada por la presente administración desde marzo del 2009. Parece que las reducciones en el gasto gubernamental y los aumentos en los impuestos agudizaron la recesión en vez de aliviarla.
En suma cuadrar los libros no hace crecer la economía. En ese sentido las expresiones recientes del BGF con respecto a que Puerto Rico esta mas adelantado que otros estados con respecto a balancear sus libros son consistentes tanto con el EIU y el propio IAE. Lo que no dice el BGF es que el costo de dicho “avance” ha sido un decrecimiento en el PNB en exceso de 5%.
Como dice el viejo refrán “there is no free lunch.”
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Sergio Marxuach es Director de Política Pública del Centro para la Nueva Economía
El Economist Intelligence Unit (EIU) en su mas reciente análisis sobre la economía de Puerto Rico proyecta que la “recesión” que nos viene afectando desde el año fiscal 2007 durará por lo menos un año mas. De acuerdo con el EIU, la economía de Puerto Rico se contrajo por un 5.8% durante el año fiscal 2009/10 y proyecta una reducción adicional de 3.1% durante el año fiscal 2010/11.
De ser correcto el análisis del EIU, el producto nacional bruto de Puerto Rico, a precios constantes, se habría reducido por un agregado de 12.9% entre el 2006 y el 2010. Si a eso le añadimos que durante el mismo periodo se han perdido mas de 170,000 empleos, equivalente al 12.2% del grupo trabajador en junio de 2006, y que la inversión interna bruta de capital fijo se ha reducido en un 16% (a precios corrientes) tenemos que cuestionarnos si lo que esta pasando en Puerto Rico es una simple recesión.
En nuestra opinión reducciones de esta magnitud en la producción, empleo, e inversión no son consistentes con un fenómeno meramente coyuntural. Lo que esta sucediendo nos parece mas grave y profundo.
Podríamos argumentar que estamos pasando por una depresión económica y ese argumento se podría evidenciar usando las cifras que he mencionado anteriormente. Sin embargo, las depresiones económicas también son, al fin y al cabo, fenómenos coyunturales, de mayor duración y magnitud, pero en el fondo cíclicos.
La economía de Puerto Rico, me temo, ha sufrido un colapso estructural. Cuando nuestro modelo económico colapsó por primera vez en 1974, nuestro gobierno, en vez de repensarlo y rediseñarlo, simplemente decidió ponerlo en respiración artificial: obteniendo una nueva exención contributiva federal (la Sección 936); aumentando el empleo gubernamental; suplicando aumentos en las transferencias federales (cupones de alimentos); y aumentando el endeudamiento público.
A finales de la primera década el siglo 21 es evidente que nuestro modelo económico ha colapsado completamente. La Sección 936 ha sido eliminada por el Congreso; el empleo gubernamental ha llegado a su limite; las transferencias federales dependen de la dinámica económica y política en Washington DC—y por lo tanto no pueden ser la base para el desarrollo futuro—y el endeudamiento publico ha aumentado a niveles históricamente altos y es poco probable que sea una fuente significativa de financiamiento para el desarrollo a largo plazo.
Sin embargo no queremos aceptar esa realidad, lo que nos impide desarrollar un modelo sustituto. Nos encontramos en un punto crítico de inflexión en nuestra historia: el viejo orden está debilitado terminalmente; las instituciones sociales, económicas, y políticas están podridas y derrumbándose. Estamos viviendo en un sitio donde, como escribiera Bárbara Tuchman al describir el ambiente en Viena a finales del imperio Austro-Húngaro, “algo visiblemente está llegando a su final; y todo el mundo lo sabe, pero nadie habla de ello.”
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Sergio Marxuach es el Director de Politica Publica del Centro para la Nueva Economia
I recently finished a book by Stephen Green, chairman of HSBC, one of the largest banks in the world, and an ordained priest in the Church of England since 1988. Good Value: Reflections on Money, Morality, and an Uncertain World (Atlantic Monthly Press, 2010), is an extended meditation on globalization and economics.
Mr. Green prefaces his analysis by asking us first to accept and make peace with three “perplexing realities” or permanent “ambiguities” as he calls them. The first ambiguity lies in the unavoidable imperfection of human nature. Human beings are idealistic, driven to imagine ideas and objects of great beauty and purity. Yet, the very moment we strive to create, to make those ideas part of the world, they become flawed, imperfect, in short, they become human. Imperfection, thus, is “deeply part of us, and we are part of it.”
The second ambiguity lies in the nature of human progress. The old certainty of ever onward progress, especially prevalent after the fall of Berlin Wall, has given way to a “much more uncertain sense of where we are going.” This feeling is particularly acute in the field of economics, where the most sophisticated economic system the world has ever known turned out, after all, to have been built on a sand foundation. Looking forward it is not entirely clear how things will play out. It could very well be that the world could be significantly worse for our grandchildren or we could find a way to work it out for the better. Climate change, extreme poverty, pandemics and plagues are all probable in the near future. But so are better health care, increased education, and higher standards of living. That is the point, we just do not know.
Green’s third ambiguity lies in the nature hope. According to Green, humankind has the remarkable ability to keep hoping that something better is always possible, even in the face of unspeakable evil. We just “go on hoping, often in the teeth of the evidence.” This is, Green says, the “central ambiguity of our existence.” This hope is not naïve, nor is it based on stale assurances or on the common platitudes of government propaganda. This is hard hope, born out of the existential belief that humanity will not only endure but prevail.
Imperfection, uncertainty about progress, and hope, those are Green’s three essential ambiguities it is necessary to accept in order to make sense of our complex reality. To those three I would add a fourth, what historian Barbara Tuchman called the “march of folly” or the pursuit of policies contrary to self interest. According to Tuchman, humanity has demonstrated throughout history an extraordinary propensity to pursue counterproductive policies, from the Renaissance Popes to the U.S. in Vietnam.
Such folly can be the product of: (1) self-deception; (2) the stubborn refusal to benefit from experience; (3) the unfounded belief that “there is no other alternative”; or (4) underestimating opponents. Whatever its source, misgovernment appears to be a historical constant. President John Adams put it well when he said that “while all other sciences have advanced, government is little better practiced now than three or four thousand years ago.”
All of this is quite relevant to the current debate in Europe regarding fiscal policy. In England, for example, the Cameron government has submitted an emergency budget with significant cuts and tax increases. The politicians pushing for these cuts are not citing the work of economists from the Chicago School; rather they talk about the need to restore “confidence in the markets.” In other words, the debate is not about policy, but rather about refusing to live with imperfection, rejecting uncertainty, and blindly hoping it will all work out in the end.
However, it may all turn out to be an immense folly. Robert Skidelsky, biographer of John Maynard Keynes, draws an interesting parallel in a recent analysis in the Financial Times. According to Skidelsky, Keynes reacted with horror to the emergency budget presented by the Conservative-Liberal coalition ruling in 1931, calling it “replete with folly and injustice.” In Keynes’s view, that budget was supported by all those who “hated social progress” and believed that “by refraining from every form of economic activity, we can all become prosperous again.”
We in Puerto Rico are not exempt from such folly either. One of the first things Theodore Roosevelt, Jr. did when he was appointed governor in 1929 was to cut spending and seek to balance the government’s budget, thus deepening the island’s recession. It appears that Roosevelt’s Republican descendants in Puerto Rico have learned nothing and forgotten nothing since then.
Given Puerto Rico’s dire economic situation, we would do well to disregard ideological blinders, learn to live with imperfection, accept uncertainty, and keep hope alive in the face of monumental folly.
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The author is Director for Policy Development at the Center for the New Economy, a Puerto Rico-based think tank.
The government officially released today the retail sales report for the period between January and April of this year. According to the report, retail sales in Puerto Rico increased from $10.297 billion to $11.218 billion, an increase of $290 million, or 2.66%.
At first glance this may look like good news and the government has used it as evidence that the Puerto Rican economy is rebounding from its four year recessionary state. Yet, there are two problems with this Rosy Scenario.
First, the data is calculated using current prices. This means that sale figures are not adjusted to reflect changes in inflation. Indeed, we do not know the current inflation rate for Puerto Rico because the government has stopped publishing the Puerto Rico Consumer Price Index. Therefore, the 2.66% change in sales could be due solely to price increases and not to an increase in actual sales.
Second, gasoline sales account for $217 million, or 74.81%, of the total $290 million increase in retail sales. This increase is due mostly, if not completely, to changes in the price of fuel and not to increased sales of gasoline. This increase, in turn, is driven in large part by the increase in the price of crude oil. As shown on the table below, the average price of the barrel of West Texas Intermediate Crude—the reference price for Puerto Rico—has increased from about $42 at the end of the first quarter of 2009 to $78 at the end of the first quarter of 2010.
In our opinion, the recently released retail sales report is not a reliable indicator of a rebound in the Puerto Rican economy. Intellectual honesty requires, at a minimum, that statistical releases be accompanied with a full analysis of the relevant context. Otherwise, it is just lies, damn lies, and statistics.
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Sergio Marxuach is Policy Director at the Center for the New Economy, a Puerto Rico think tank
La tasa de inflación mide los cambios en el nivel de precios en la economía y nos indica cómo cambia a través del tiempo el poder adquisitivo del dólar. En Puerto Rico las cifras de la inflación son notorias por estar sobre-estimadas. Esta sobrestimación tiene consecuencias importantes tanto al analizar los patrones de la economía local como a la hora de establecer presupuestos a todos los niveles, tanto en las familias, como en las empresas y en el gobierno. La revisión a la serie de la inflación que se llevó a cabo en el 2006 buscaba resolver este asunto pero a pesar de esta revisión se ha mantenido la sospecha de que la serie sigue estando sobre-estimada.
La inflación se estima a base de un índice de precios. El índice de precios no es otra cosa que una medida donde se engloba en un cálculo, un promedio de los precios que pagamos todos a la hora de comprar, incluye cosas como el precio del galón de gasolina, el precio del arroz y las habichuelas, el precio de las hipotecas, carros, etc. A su vez, estos precios se multiplican por la proporción de gastos de los hogares que corresponden a cada artículo. Por ejemplo, si los hogares gastan un 5 por ciento de su ingreso comprando arroz, entonces el peso del arroz en la creación del índice es 5%.
Para entender la importancia de tener una serie precisa sobre la inflación, consideremos lo que ocurre cuando un banco otorga préstamos amparados en tasas de inflación erróneas. La inflación promedio anual según las cifras oficiales en Puerto Rico en el 2008 era de 7.1 por ciento. Si un banco buscaba otorgar un préstamo de un año obteniendo una ganancia de tres centavos por dólar no podía prestar al siete por ciento pues la inflación erosionaba el poder adquisitivo de dicho dólar. Si se le pagaba de vuelta 1.07 por cada dólar prestado, el banco no tiene una ganancia real porque los precios han subido un 7 por ciento. Tiene que prestar cada dólar a 1.10. De esa manera su ganancia real es de 3 centavos en un año.
¿Pero qué ocurre si al estimarse correctamente, la inflación verdadera es la mitad, 3.5 por ciento anual, y no 7 por ciento? Entonces para obtener una ganancia por dólar de 3 centavos, el banco no tiene que prestar a 1.10 sino a 1.065. El préstamo para ser rentable debería ser al 6.5 por ciento, no al 10. Si el banco erróneamente presta al 10 por ciento, obtiene una ganancia de 3 centavos y medio adicionales que se le atribuyen incorrectamente a un ajuste por la inflación.
En Puerto Rico, por razones aún desconocidas y que aparentemente nadie en el gobierno desea explicar, hace cinco meses que no se publica el dato de la inflación. Además de esto, se han hecho correcciones y ajustes que sugieren que la inflación en Puerto Rico es menor que lo que se ha pensado hasta ahora, pero dichas correcciones ni se han hecho públicas ni los ajustes correspondientes se han implantado.
A modo de ejercicio supongamos que la inflación se ha sobre-estimado durante los últimos veinte años por 1 punto porcentual anual. Esto implica que en 10 años si la inflación era de 4 puntos anuales, la disminución inducida por la inflación en el valor agregado en la economía de Puerto Rico no ha sido de 40 porciento sino 30 por ciento. Esto tiene implicaciones tremendas para todos los renglones de la economía. En el caso de la vivienda, implica que la disminución en el valor real de la propiedad es menor, en el caso de los prestamos personales implica que se ha sobre-estimado la tasa a la cual la banca necesita prestar para poder generar ganancias, y en el caso del crecimiento. ¿Qué tal si la brecha en la sobrestimación es de 2 puntos o quizás de tres?
Más allá de los asuntos puramente técnicos, necesitamos un cambio de paradigma en la concepción de la relación entre las estadísticas económicas y so rol en la política. El rol de las estadísticas económicas no es hacer lucir bien a los políticos o administraciones de turno, sino que estas cumplen una función de suma importancia en la formulación de planes empresariales, en las negociaciones obrero-patronales, en la estipulación de precio del crédito bancario, etc. Recientemente, el gobierno de Argentina ha sido acusado de manipular las cifras de inflación en ese país y como consecuencia ha perdido credibilidad con los inversionistas y bonistas que le prestan dinero tanto al gobierno como a compañías Argentinas. Ahí tenemos una lección para Puerto Rico.
Es hora de que siguiendo el espíritu de transparencia que debería de reinar en la divulgación de datos en una democracia, que no solo se presente la serie mas reciente para la inflación sino también todos los datos corregidos.
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El Dr. Harold J. Toro es Director de Investigaciones en el Centro para la Nueva Economía.
The Center for the New Economy released its latest analysis of the Puerto Rico Electric Power Authority on June 1. This is CNE’s third look, since 2005, at the electricity sector in Puerto Rico. Some of the highlights in this report include the following:
In sum, PREPA needs to undergo a radical restructuring if it is to become a positive net contributor, instead of a hindrance, to Puerto Rico’s economic growth over the next few years.
About two weeks ago, the Center for the New Economy published its third annual assessment of Puerto Rico’s Fiscal Situation. As of May 2010 the Commonwealth’s fiscal situation remains complicated. With respect to the current fiscal year, projections are for the Commonwealth government to close the books with a general fund deficit of $2.5 billion, which would be the Commonwealth’s eighth general fund deficit in a row.
With respect to next year’s general fund budget, the governor has submitted a budget that is structurally unbalanced in the amount of $1.241 billion, or 15.14% of proposed general fund expenditures. The government plans to cover this gap with $1.241 billion in non-recurring revenues from the Fiscal Stabilization Fund and from new tax enforcement measures.
In terms of the budget trends, we find that the Commonwealth’s overall fiscal picture remains mixed. The highlights for this year are:
The control and reduction of government spending has stabilized the Commonwealth’s financial position. Unfortunately, this stabilization is not cost free. The implementation of this contractionary fiscal policy in the middle of a four year recession may have deepened and prolonged the economic recession in Puerto Rico. Furthermore, the government’s pro-cyclical fiscal policy has been implemented at the same time that commercial banks in the island are undergoing a de-leveraging process that has significantly reduced the availability of credit.
Puerto Rico needs new investment to grow but at this point neither the government nor private banks are in a position to finance it. Issuing additional public debt is one of the few arrows left in the government’s economic policy quiver to stimulate economic growth. However, with a debt to GNP ratio of 93% as of June 2009, incurring additional public indebtedness appears to be an increasingly unlikely source of financing for new investment over the short and medium term. In addition, the financial position of most, if not all, public corporations remains weak. Public Private Partnerships may bring in some new capital, but it is unlikely they will have a significant impact in the short term, and definitely not sufficient to push Puerto Rico out of the recession during fiscal year 2011.
In sum, it will take several years of hard work before the Puerto Rican economy is restored to anything resembling normalcy. The new normal state of affairs will be significantly different; we will have lower economic growth, higher unemployment, a smaller government, less conspicuous consumption and more saving. We need to accept this new state of affairs, adjust our behavior accordingly, and get on with our lives.
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The author is Director for Policy Development at the Center for the New Economy, a Puerto Rico-based think tank.
El viernes 30 de abril el Comisionado de Instituciones Financieras de Puerto Rico anunció el cierre de Eurobank, R-G Premier Bank, y Westernbank, y nombró a la Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) como síndico para cada una de estas instituciones. La FDIC, por su parte, ejecutó el mismo día acuerdos de compra con Oriental Bank and Trust, Scotiabank, y Banco Popular para que éstos asumieran los activos y depósitos de cada una de las instituciones cerradas. En total unos $17,870 millones de activos y otros $14,840 millones en depósitos cambiaron de dueño como resultado de estas transacciones.
Los bancos adquirientes también firmaron acuerdos con la FDIC para compartir las pérdidas con respecto a unos $15,760 millones de los activos transferidos. Bajo estos acuerdos la FDIC se compromete a asumir el 80% de las pérdidas que surjan en conexión con estos activos y los bancos adquirientes absorberían el otro 20%. La FDIC estima que su parte de estas pérdidas podría totalizar unos $5,283 millones. Dado que la FDIC asume solo el 80% de las pérdidas, de realizarse la proyección de la FDIC los tres bancos adquirientes podrían enfrentar pérdidas totales de unos $1,320 millones con respecto a estos activos.
Cuando analizamos la probabilidad de que esa contingencia se convierta en realidad, en conjunto con el hecho de que varios bancos en Puerto Rico todavía cargan en sus libros una cantidad considerable de activos no-acumulativos, concluimos que la re-estructuración de la banca local apenas está comenzando con las transacciones asistidas por la FDIC. Todavía hay que analizar y re-valorizar los préstamos de construcción que están causando problemas. Eventualmente esta re-valorización se traducirá en un ajuste a la baja de los precios de bienes raíces en Puerto Rico. Mientras tanto, los bancos continuarán cautelosos a la hora de prestar y el proceso de des-apalancamiento seguirá su curso. Pero, al finalizar este proceso la banca puertorriqueña será mas fuerte, aunque mas pequeña y conservadora.
En este sentido la banca refleja en un microcosmo lo que esta sucediendo en la economía en general. En términos sencillos, estamos viviendo una situación económica crítica en Puerto Rico. Algunos datos bastan para evidenciar esto. Primero, los activos bancarios se han reducido de $101,000 millones en el 2005 a $89,000 millones en el 2009, una reducción de 11.7%. Segundo, el PNB real se ha reducido por un 10.9% durante el periodo entre el 2006 y el 2010. Tercero, se han perdido 195,000 empleos entre Marzo de 2007 y Marzo de 2010, esto es equivalente a 13.6% de la fuerza laboral en Marzo de 2007. Finalmente, el inventario de viviendas sin vender es de alrededor de 20,000 unidades y cerca del 50% de los prestamos de construcción se clasifican como no-acumulativos.
La combinación de des-apalancamiento bancario y una política fiscal contraccionaria ha sido nefasta para la economía. El gobierno ha sacado de circulación alrededor de $2,000 millones debido a la reducción de gasto y los impuestos implementados durante el año fiscal en curso. A esto hay que añadirle que el presupuesto consolidado anunciado por el gobernador para el 2010-11 contiene una reducción neta de gastos de $1,700 millones. Si asumimos que los activos bancarios se reducen por $1,000 millones durante los próximos 12 meses, estaríamos sacando de circulación cerca de $2,700 millones, aproximadamente 4.5% del PNB. La economía no va a crecer si esto sucede.
Nos va a tomar tiempo salir de este hoyo. Necesitamos inversión nueva para crecer y tanto el gobierno como la banca no están en posición de financiarla en estos momentos. Queda la opción de emitir deuda pública, pero aún esta opción es limitada ya que la razón entre deuda y PNB en Puerto Rico anda por el 93%. Las APP podrán contribuir algo, pero no será suficiente para sacarnos de la recesión en el 2010-11.
Todo indica que nos vamos a tener que ajustar a un nuevo estado de normalidad, con menos ingreso disponible y más desempleo, donde la inversión y el crecimiento económico serán relativamente bajos y habrá menos lujos y consumo conspicuo, y donde el gobierno tendrá menos recursos para proveer servicios. Estos son los tiempos que nos han tocado vivir. Hay que aceptar esta realidad, ajustar nuestras expectativas, y simplemente seguir adelante.
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Sergio Marxuach es Director de Política Pública del Centro para la Nueva Economía